La incertidumbre sobre cómo gestionar sus deudas, proteger sus activos o reorganizar su situación financiera durante una situación de insolvencia, puede generarle una gran preocupación. En FQ & Asociados, somos abogados concursales especializados en asesoramiento, representación y tramitación judicial de concursos de acreedores. Nuestro compromiso es guiarle en cada paso del proceso, ofreciéndole soluciones personalizadas para que pueda recuperar la estabilidad económica que necesita.
Cada protocolo familiar que realizamos en FQ&ASOCIADOS, se adapta a las circunstancias particulares de la familia y la empresa en cuestión. Esta personalización permite incorporar cláusulas específicas que aborden situaciones únicas, relacionadas con la estructura familiar, el tipo de negocio o incluso la cultura empresarial de la entidad.
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El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene como objetivo gestionar situaciones de insolvencia, es decir, cuando una persona, autónomo o empresa no puede cumplir con sus obligaciones de pago. Este mecanismo busca proteger tanto los derechos de los acreedores como los del propio deudor, ofreciendo soluciones que van desde la reestructuración de la deuda hasta la liquidación de los bienes del deudor.
El procedimiento está regulado por la ley y permite al deudor reorganizar su situación financiera bajo la supervisión de un juez y con el apoyo de un administrador concursal. Además, asegura que los acreedores reciban un trato justo y equitativo en la distribución de los recursos disponibles. Este proceso puede aplicarse tanto a empresas como a particulares, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.
Es solicitado por el propio deudor cuando reconoce que no puede cumplir con sus obligaciones de pago. En este caso, el deudor toma la iniciativa y se presenta ante el juzgado con toda la documentación necesaria que demuestre su situación de insolvencia. El concurso de acreedores voluntario es una muestra de buena fe por parte del deudor, ya que busca resolver su situación bajo el amparo legal y con la supervisión judicial.
Es solicitado por los acreedores, trabajadores u otras partes interesadas cuando perciben que el deudor no está tomando medidas para solucionar su insolvencia. Este tipo de concurso suele iniciarse para garantizar que los bienes del deudor sean gestionados de forma transparente y equitativa.
En situaciones de insolvencia, cada decisión marca la diferencia entre recuperar la estabilidad financiera o enfrentar mayores complicaciones. Por eso, es fundamental contar con un equipo de abogados especializados en concursos de acreedores que le acompañe en cada paso del proceso. En FQ & Asociados, somos expertos en derecho concursal y ponemos a su disposición un servicio integral y personalizado para abordar su caso con la máxima eficacia.
Cada situación de insolvencia es única, y por ello, nuestro equipo realiza un análisis exhaustivo de su caso. Diseñamos estrategias que se adaptan a sus necesidades, ya sea reestructurar sus deudas, buscar acuerdos con los acreedores o gestionar la liquidación de activos de manera eficiente y justa.
El proceso de concurso de acreedores puede ser complejo, con numerosos trámites legales y administrativos. En FQ & Asociados, nos encargamos de todo: desde la preparación y presentación de la documentación necesaria hasta la representación en las negociaciones y en los tribunales.
Ya sea como empresa o particular, entendemos la importancia de proteger lo que más le importa. Nos aseguramos de que cada acción tomada esté respaldada por el marco legal vigente y priorizamos siempre la solución más beneficiosa para usted.
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Nuestra experiencia en derecho concursal nos permite negociar eficazmente con los acreedores, buscando acuerdos que sean favorables para ambas partes. Estas negociaciones pueden incluir quitas, esperas u otras medidas que le permitan reorganizar sus finanzas de manera sostenible.
Sabemos que enfrentar un concurso de acreedores puede generar incertidumbre y estrés. En FQ & Asociados, no solo somos sus abogados, sino también sus aliados. Le acompañamos durante todo el proceso, ofreciéndole apoyo profesional y humano para que pueda afrontar esta etapa con mayor tranquilidad.
Una vez declarado el concurso, se paralizan las reclamaciones y embargos por parte de los acreedores. Esto le permite disponer de un respiro para reorganizar su situación financiera sin la presión inmediata de acciones legales.
A través del concurso, usted puede negociar con los acreedores quitas (reducciones en el importe de las deudas) o esperas (ampliación de los plazos de pago). Este proceso le ofrece la posibilidad de ajustar sus compromisos a su capacidad económica actual.
Si se trata de una empresa, el concurso le permite seguir operando bajo ciertas condiciones, evitando el cierre y manteniendo la viabilidad del negocio mientras se buscan soluciones financieras a largo plazo.
En caso de que no sea posible una reestructuración, la liquidación de los bienes se realiza bajo la supervisión de un juez y un administrador concursal, garantizando una distribución justa entre los acreedores.
Al acogerse al concurso de acreedores, todo el procedimiento se lleva a cabo dentro del marco legal, asegurando que sus derechos sean respetados y evitando conflictos innecesarios.
Una vez declarado el concurso, el proceso es supervisado por un juez y un administrador concursal. Esto asegura la transparencia y la equidad en la gestión de los bienes y las deudas, pero también implica la pérdida parcial del control sobre sus decisiones financieras.
Durante la fase final, se evaluará si la insolvencia fue fortuita o causada por una gestión negligente o dolosa. En caso de ser declarada culpable, el deudor o los administradores de la empresa podrían enfrentar sanciones legales, incluyendo inhabilitaciones y responsabilidad económica.
Si usted gestiona una empresa, es importante considerar que el concurso puede derivar en despidos. Sin embargo, los salarios e indemnizaciones pendientes de los empleados tienen carácter prioritario en el reparto de los bienes. Si la empresa no puede cumplir con estas obligaciones, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) puede intervenir para cubrir parte de las cantidades adeudadas.
Uno de los mayores beneficios es la posibilidad de renegociar las condiciones de la deuda, ofreciendo una solución viable para cumplir con sus obligaciones sin recurrir a medidas extremas.
En FQ & Asociados, le ayudamos a comprender los beneficios e implicaciones de acogerse al concurso de acreedores, diseñando una estrategia adaptada a su situación y defendiendo sus intereses en cada etapa del proceso.
Para iniciar el procedimiento, es necesario presentar ante el juzgado competente una solicitud que incluya documentación detallada sobre su situación financiera, como un listado de bienes, deudas y acreedores. Una vez analizada la solicitud, el juez dicta la declaración de concurso, marcando el inicio oficial del procedimiento y designando un administrador concursal que supervisará todas las actuaciones.
Tras la declaración del concurso, se entra en la fase común, donde se realiza un inventario completo de los bienes y derechos del deudor, así como un listado de los acreedores y las deudas pendientes.
Esta etapa es crucial, ya que proporciona una visión clara del patrimonio del deudor y de las reclamaciones presentadas por los acreedores. Durante esta fase, el administrador concursal verifica y valida la información presentada, permitiendo que los acreedores puedan impugnar la lista si consideran que algún dato es incorrecto. Este proceso asegura que todos los participantes estén adecuadamente representados en las siguientes etapas del concurso.
Dependiendo de la situación del deudor, el concurso puede dirigirse hacia una de dos opciones:
Dependiendo de la situación del deudor, el concurso puede dirigirse hacia una de dos opciones:
Si no es posible alcanzar un acuerdo con los acreedores, se procede a la venta de los activos del deudor para satisfacer, en la medida de lo posible, las reclamaciones de los acreedores. La liquidación es supervisada por el administrador concursal y el juez para asegurar una distribución justa y equitativa de los bienes.
Una vez concluidas las fases de convenio o liquidación, se procede a la calificación del concurso. En esta etapa, se determina si la insolvencia del deudor fue causada por razones fortuitas o si hubo actuaciones negligentes o dolosas que contribuyeron a la misma.
Se considera fortuito cuando la insolvencia es resultado de factores externos o inevitables y no hubo mala gestión ni intención de perjudicar a los acreedores.
Se califica como culpable si se demuestra que la insolvencia fue provocada por una gestión irresponsable, fraudulenta o negligente por parte del deudor o sus administradores. En estos casos, se pueden imponer sanciones legales, como la inhabilitación para administrar bienes o la obligación de asumir parte de las deudas.
Una vez finalizado el concurso, tanto los deudores como los acreedores deben adaptarse a las nuevas circunstancias financieras y legales derivadas del proceso. Contar con el apoyo de abogados expertos en concursos de acreedores resulta esencial para abordar las complejidades del procedimiento y optimizar los resultados favorables tras su conclusión.
Los créditos concursales son los derechos de cobro que los acreedores tienen sobre el deudor en el marco de un procedimiento de concurso de acreedores. Estos créditos se identifican, clasifican y gestionan a lo largo del proceso concursal, siguiendo un orden de prioridad establecido por la ley
La correcta clasificación de los créditos determina el orden en que se satisfacen las deudas durante el procedimiento concursal. Esta jerarquización garantiza que se respeten los derechos de los acreedores según su nivel de prioridad y que el proceso sea transparente y justo.
Son aquellos créditos generados después de la declaración del concurso. Incluyen gastos esenciales para el desarrollo del procedimiento concursal, como los honorarios del administrador concursal, salarios de los trabajadores posteriores al concurso, y los costes necesarios para la continuidad de la actividad económica del deudor. Estos créditos tienen prioridad absoluta sobre el resto.
Se refieren a créditos garantizados con bienes concretos del deudor, como hipotecas, prendas o garantías reales. Su cobro está vinculado directamente a los bienes que los respaldan, y se abonan con prioridad en caso de liquidación.
Se refieren a créditos garantizados con bienes concretos del deudor, como hipotecas, prendas o garantías reales. Su cobro está vinculado directamente a los bienes que los respaldan, y se abonan con prioridad en caso de liquidación.
Son aquellos créditos que no tienen ninguna preferencia especial. Incluyen la mayoría de las deudas comerciales y financieras acumuladas antes del concurso. Se abonan después de los créditos privilegiados, siempre que existan recursos disponibles.
Representan el último nivel de prioridad y solo se abonan si, tras satisfacer a los demás acreedores, queda algún remanente. En esta categoría se incluyen créditos presentados fuera de plazo, intereses de demora, y deudas con personas especialmente vinculadas al deudor, como socios o administradores.
Si tras enfrentar una situación de insolvencia, no puede hacer frente a sus deudas, recurriremos a la Ley de Segunda Oportunidad.
La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal creado para ayudar a personas físicas, autónomos y pequeños empresarios que, tras enfrentar una situación de insolvencia, no pueden hacer frente a sus deudas. Esta herramienta permite renegociar las obligaciones económicas o incluso cancelarlas en ciertos casos, brindando una oportunidad para empezar de nuevo y recuperar la estabilidad financiera.
La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal creado para ayudar a personas físicas, autónomos y pequeños empresarios que, tras enfrentar una situación de insolvencia, no pueden hacer frente a sus deudas. Esta herramienta permite renegociar las obligaciones económicas o incluso cancelarlas en ciertos casos, brindando una oportunidad para empezar de nuevo y recuperar la estabilidad financiera.
El primer paso consiste en intentar un acuerdo amistoso con los acreedores, que puede incluir quitas (reducciones de la deuda) o esperas (aplazamientos en los pagos). Nuestros abogados aplicarán la Ley de Segunda Oportunidad, para negociar las condiciones en nombre del deudor.
Si no se logra un acuerdo o si este no es viable, el deudor puede solicitar al juzgado la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la cancelación de las deudas pendientes tras la liquidación de sus bienes.
En los casos en que no se pueda continuar con un plan de pagos, se procede a la venta de los bienes del deudor. Este paso asegura que se haga todo lo posible para satisfacer a los acreedores antes de solicitar la cancelación de las deudas restantes.
Una vez que se cumplen los requisitos y se demuestra la buena fe del deudor, el juez puede dictar la cancelación de las deudas pendientes. Esto significa que el deudor queda liberado de su obligación de pago, salvo algunas excepciones, como las deudas tributarias o las pensiones alimenticias.
La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a personas físicas y autónomos que cumplan con ciertos requisitos. Entre los beneficiarios más habituales se encuentran:
En FQ & Asociados, somos expertos en la Ley de Segunda Oportunidad y le ayudamos a entender y solicitar este mecanismo legal. Si usted cumple con los requisitos y necesita un nuevo comienzo, podemos guiarle a través de cada paso del proceso con profesionalidad y compromiso. Contáctenos para más información y empiece a construir un futuro financiero libre de deudas.
La duración varía según la complejidad del caso. Un concurso con convenio puede resolverse en unos meses, mientras que uno con liquidación puede prolongarse varios años.
Un abogado concursal asesora y representa al deudor o acreedor durante todo el proceso, gestionando documentación, negociaciones y defendiendo los intereses de su cliente ante los tribunales.
El deudor puede solicitar el concurso voluntario. Los acreedores, trabajadores u otras partes interesadas pueden solicitar el concurso necesario.
Los gastos del procedimiento, incluidos los honorarios del administrador concursal, se abonan con los bienes del deudor o a través de los créditos contra la masa generados durante el proceso.
Es obligatorio cuando una persona o empresa no puede cumplir con sus obligaciones de pago, debiendo hacerlo en el plazo de dos meses desde que se reconoce la situación de insolvencia.
El tiempo depende de la complejidad del caso y del cumplimiento de los requisitos. Por lo general, puede tardar entre 6 y 12 meses en resolverse.
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